La irresponsabilidad social empresarial

Albert Sales I Campos

Lunes 6 de septiembre de 2010. Número 132


Pese a que Europa y EE UU mantenían hasta 2005 medidas proteccionistas ante la importación de ropa de los países asiáticos a través del Acuerdo Multifibras, el mercado de productos textiles ha sido precursor en lo que a internacionalización y liberalización se refiere. Las grandes firmas de moda y de ropa deportiva han creado potentes redes de proveedores en todo el mundo, reduciendo drásticamente el volumen de producción en las factorías de sus países de origen.

Desde los años ‘80, algunos sindicatos, organizaciones y plataformas internacionales, como la Campaña Ropa Limpia, denuncian las condiciones de explotación laboral que viven las personas que trabajan en la industria de la confección en las zonas de nueva industrialización. Jornadas laborales de más de 14 horas, salarios de miseria, represión y persecución sindical, atrasos sistemáticos en los pagos de los salarios o el impago de las horas extras son situaciones que denuncian organizaciones de personas trabajadoras de todo el mundo.

En un principio, las firmas internacionales declinaron cualquier responsabilidad ante estos abusos argumentando que las prácticas de sus empresas proveedoras no entraban en su campo de actuación. No obstante, la sucesión de escándalos que ligaban el nombre de grandes firmas deportivas como Nike a casos de explotación infantil les obligaron a contestar estas denuncias. Las respuestas se han materializado en las políticas de responsabilidad social empresarial (RSE) que se vienen publicitando desde mediados de los ‘90. Gigantes de la moda, como Inditex, The Gap o H&M, disponen de códigos de conducta laborales que establecen los estándares mínimos que se deben cumplir en todas sus fábricas proveedoras. Incluso grandes empresas de distribución no especializadas en moda, como Aldi, Walmart o Carrefour, han hecho públicos sus códigos de conducta.

Desde estas corporaciones se argumenta que gracias a los compromisos voluntarios de RSE su producción constituye una vía para incrementar las exportaciones y generar empleo garantizando el respeto de los derechos laborales. Pero esta argumentación olvida que los enormes beneficios de las firmas internacionales se basan en la amenaza de deslocalización y en la competencia a la que se somete a trabajadores y trabajadoras de todo el mundo para ofrecer a los inversores internacionales los costes de producción más bajos y las condiciones comerciales más favorables. Lejos de generar riqueza, las fábricas que se instalan en países empobrecidos realizan una inversión cortoplacista y se aprovechan de situaciones previas de miseria para exprimir a unas trabajadoras expulsadas del campo por las presiones de la agricultura industrial.

Más de 20 años de RSE no han bastado para mejorar la situación de los obreros y las obreras de la confección. Los salarios constituyen un ejemplo paradigmático de esta inoperancia y de la falta de interés por el bienestar de los millones de trabajadores y trabajadoras. El salario medio de una trabajadora de la confección en Asia se sitúa en los dos dólares por jornada laboral. El país donde se pagan los salarios más bajos es Bangladesh, donde una obrera puede llegar a ingresar 34 euros mensuales, si se le pagan las horas extra. Aunque los precios en Bangladesh, India o China sean más bajos que en Europa o EE UU, ONG y sindicatos calculan que el salario que una obrera bengalí debería cobrar para equiparar su capacidad de compra a la de una obrera media occidental, se situaría alrededor de los ocho dólares diarios.

Pero los salarios no son el único atractivo. Los costes se reducen en todos los ámbitos de la producción. En febrero, 21 personas perdieron la vida en la fábrica Garib&Garib Sweater Factory, proveedora de, entre otras, la firma sueca H&M. Las fábricas y talleres en los que se producen estos siniestros no reunirían los requisitos mínimos para ser espacios usados para la producción manufacturera en otros países, pero para competir en los mercados internacionales hay que ofrecer alguna ventaja comparativa.

Se exige a las fábricas productoras una competitividad basada en la reducción a casi cero de los costes laborales y fiscales y en la capacidad para servir los pedidos de forma rápida y flexible. Para ahorrar costes de almacenaje y para no acumular producto que quizá no tenga el éxito esperado, las firmas de moda, de ropa deportiva o las cadenas de distribución imponen además plazos de entrega cada vez más cortos. Como consecuencia, la comercialización de ropa se convierte en un sector dominado por unas pocas empresas transnacionales con miles de fábricas proveedoras que asumen sus draconianas condiciones haciendo pagar los costes reales de esta forma de producir a las trabajadoras.
Lejos de suponer una solución, las políticas de responsabilidad social empresarial no sirven para evitar la explotación en el sector textil.