La contratación de bienes y servicios por parte de las Administraciones Públicas ha adquirido una gran importancia en los últimos años. De hecho representa el 18,5% del PIB. La compra pública ética supone aplicar criterios sociales y ambientales -y no solo los económicos- en las compras y licitaciones de las Administraciones Públicas, de manera que respondan a los fines que persiguen las políticas sociales o ambientales de las propias Administraciones.
La compra pública ética se enmarca dentro de un nuevo paradigma de entender los procesos de compra y contratación pública donde no debe prevalecer solo el criterio económico sino también otros criterios que deben atender a los fines perseguidos por las políticas sociales y ambientales.
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