En junio del año pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la resolución 26/9 sobre la elaboración de “un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Un logro importante, después de décadas de discusiones e intentos fracasados en Naciones Unidas, ya que con este instrumento podría mejorarse, a largo plazo y a escala global, la protección y realización plena de los derechos humanos. Y, sobre todo, podría contribuirse a poner fin a la impunidad de los abusos cometidos por las grandes corporaciones, especialmente en los países periféricos, garantizando el acceso a la justicia a las víctimas de sus operaciones.
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